Marta María Ramírez: “Quien no está listo es el Estado cubano”

El 25 de septiembre de 2022, el gobierno cubano llevará a votación popular el nuevo Código de las Familias. ¿Pero cuánto camino ha tenido que recorrerse para llegar hasta aquí? ¿Por qué se han generado tantas polémicas, algunas muy amargas incluso, alrededor suyo? ¿Cuánto representa al pueblo? ¿Es realmente una voluntad política de otorgar derechos o un juego político del Gobierno?

Tras veinticuatro anteriores versiones, la comisión redactora llegó al texto que se someterá a referendo popular. Una comisión redactora que apenas nadie conoce, y que no contempla entre ellos a ningún actor de la sociedad civil involucrado en las largas luchas por defender y garantizar derechos que hace mucho ya debían haber sido otorgados a la sociedad cubana. Porque es justo parte de esa sociedad, como la comunidad LGTBIQ+ y la comunidad por la defensa de los derechos de las mujeres, quienes comenzaron a reclamar derechos para ellas y, en extensión, para otros sectores, como la infancia, las personas de la tercera edad, y personas con discapacidades.

Sin embargo, la mayoría de esos reclamos y los activistas de estas comunidades han sido enfrentados a lo largo del tiempo con censuras, represiones, ninguneos, humillaciones. Pero, a pesar de ello, estas comunidades han logrado crear mecanismos independientes de observación, denuncia, redes de apoyo… Mecanismos que, si bien responden a necesidades sociales reales que el Estado no cubre, este tampoco deja que se articulen y desarrollen de manera paralela a él. 

Resulta hasta cierto punto entendible, entonces, que gran parte del pueblo desconfíe o no se interese por aquello que venga de ese mismo Gobierno que cada día más lo deja desamparado. En un contexto de profunda crisis económica, con un nuevo Código Penal más represivo —que no fue llevado a consulta popular—, la discusión del Código de las Familias puede ser considerado como un lavado de imagen del Gobierno o un entretenimiento político.

Pero más allá de la tan llevada y traída frase de “los derechos no se plebiscitan”, hay elementos en el texto que responden a todos los sectores de la sociedad en la Isla. Y justo uno de los principales dilemas que entraña la votación del próximo 25 de septiembre es el sopesar el costo político y social de un Sí o un No para el desarrollo de la sociedad cubana, más allá de estar o no de acuerdo con lo que refleja este nuevo Código de las Familias.

No es que en 2022 las familias cambiaron. Las familias siempre fueron así, solo que nadie miraba para ahí. A nadie le importaba.

Por ello, Hypermedia Magazine conversa con Marta María Ramírez, periodista, activista, comunicadora y madre, no necesariamente en ese orden, cuya labor a favor a las mujeres, la infancia y otros sectores de la sociedad cubana abarca ya muchos años.


En teoría, este Código de las Familias representa un salto legal y social hacia adelante en comparación con el anterior, e incluso con el de otros países. ¿Opinas lo mismo? ¿Cuáles son los aspectos más destacables, tanto a favor como en contra, reflejados en su texto?

Yo creo que sí, que el Código en teoría representa ese salto legal y social para la sociedad cubana. Porque cuando se habla de familias, no se está hablando de un grupo particular de gente. Se está hablando de toda Cuba, que puede, definitivamente, ser garante de estos derechos o acogerse a este Código para garantizar derechos, si lo considera pertinente. 

Esto, como ya sabemos, no es obligatorio. El Código no es ley. Es solo la expresión de una voluntad política, que en este caso dejará de convertirse en una voluntad política para convertirse en una voluntad popular. Y eso es lo riesgoso que tiene todo este proceso, cuando en Cuba no se plebiscitan otras cosas que nos importan, como el Código Penal. O no se lleva a referendo si vamos a entrar a un reordenamiento económico, como llamaron a estas medidas económicas que han resultado brutales y que han tenido que reconocer ineficaces. Cuando no se vota por el gobierno en ninguna de sus instancias, ni siquiera por el Parlamento. 

Es un salto legal al que se acogerían las familias que lo necesiten, que crean en lo que allí se expresa. No es un cumplimiento obligatorio, obviamente. Y me explico mejor: aún cuando este Código llegue a traducirse en leyes administrativas con todo el andamiaje burocrático entrenado, si uno no quiere que sus hijos tengan autonomía progresiva, va a criarlos de una manera —digamos— vertical, de ordeno y mando, de obedecer; la manera tradicional como se han criado lxs hijxs en el mundo, no solo en Cuba. Y será más difícil para esa criatura llegar a tener autonomía progresiva. 

Las presiones que una tiene dentro del ámbito familiar y con las que nace, que te dicen: “Aguanta. Te lo buscaste. Qué hiciste”.

Sin embargo, cuando esa criatura es alguien que está en riesgo, su vida, su integridad física, psicológica, por agresiones constantes dentro de su familia, sí tendría alguna manera de salvarse. Estamos hablando de un país donde hay feminicidios infantiles relacionados, también, con la violencia vicaria que se establece contra las madres. Quizás esas criaturas hubieran podido salvarse de esa manera. O no todas las niñas que son obligadas a casarse hoy, con la complicidad de la sociedad, tendrían que hacerlo porque habría un recurso que las amparase. 

Algo que no debe olvidarse es que tenemos un Código de 1975, un Código más viejo que yo. 

Siempre digo que tendríamos que pensar que yo, como persona, he tenido que aprender computación, estoy dando esta entrevista por WhatsApp a través de un teléfono que le llaman inteligente, he tenido que modificar mis lenguajes, he tenido que modificar mi vida, mis hábitos alimentarios, he tenido que hacer varios cambios a mi vida y quedan todavía, porque de eso se trata vivir. Bueno, pues el Código necesita también lo mismo. Un Código de 1975 no puede ser el vigente para cualquier persona que observe la sociedad cubana, que la viva, más allá de cualquier ideología, creencia; más allá de estar o no de acuerdo con las maneras en que las personas se asocien y creen sus familias, o cómo acompañen a sus hijxs. 

Yo tengo un compañero de aula, de preescolar, que es hijo de dos madres. Mi amigo hablaba de su tía. Claro, en mi casa se hablaba en otros términos y yo sabía lo que sucedía. Pero mi amigo hablaba de su tía, que en realidad era su otra mamá. Y ella, aunque era su otra mamá, no tenía derechos con él, no podía tomar decisiones con él. Aunque realmente cumplía la función de madre. 

La figura paterna, en ese caso, estaba totalmente ausente. Estoy hablando en los años 80, que fue cuando yo conocí a este hombre, que en aquel momento era un niño de 5 años. Y él nace justo en el año en que se aprueba ese Código. 

Hay un crecimiento de hogares monomarentales y una feminización de la pobreza galopante. Lo sé yo y lo sabe quien nos lee hoy.

Así, hay otro millón de historias que ya existían en el año en que se redacta el Código, que han existido siempre, y que fueron familias a las que les fueron negados esos derechos, que no fueron garantes en esos momentos. O sea, que ni siquiera es que el Código se esté actualizando, porque en 2022 las familias cambiaron. Las familias siempre fueron así, solo que nadie miraba para ahí, a nadie le importaba.

En otro orden, creo que el Estado y sus legisladores —uso el masculino intencionalmente— obvian que una niña como hija, criada de una manera no vertical, en un tipo de familia donde su voz es escuchada y cuenta, debía ser garante también de una educación acorde con sus libertades, sin sexismo, sin adoctrinamiento político, sin odio político, sin que los agentes del Estado intervengan en el tratamiento que la escuela le da por ser hija de activista o periodista independiente, por ejemplo.  

Pienso también en otros grupos a los que no pertenezco pero que desean educar a sus hijos en sus doctrinas, su fe, sus creencias, como lxs pastores de Guantánamo en la cárcel por no querer que hijxs se eduquen en escuelas cubanas.

Algo diferente a mi petición, pero que igualmente debía estar garantizado. O la educación en casa, con otras metodologías que el Estado debía garantizar de manera gratuita, encargarse de pagarlas y velar porque las cuotas de no discriminación sean cumplidas.    

No se puede esperar a que Cuba sea libre y todas esas cosas que argumenta una parte de la oposición política.

¿Hasta qué punto el Código de las Familias brinda protección real a los derechos de las mujeres, si aún no se ve una voluntad explícita por parte del Estado y sus órganos e instituciones correspondientes, como pueden ser la FMC, el CENESEX y el Ministerio de Justicia, de emitir como tal una ley de protección contra la violencia de género?

Todo esto es en teoría, porque el Código sería una voluntad política, que en cualquier caso se convertiría en Cuba en una voluntad popular a partir del plebiscito, pero que tendría que aterrizarse en leyes administrativas, insisto. Y es ahí donde yo veo el gran reto. Porque serían leyes administrativas que llevarían estructuras administrativas; o sea, un poco más de burocracia, pero verdaderamente entrenada en estos temas. Los operadores del derecho tendrían que hacer el salto junto con el Código, lo que veo como un gran entuerto.

Por ejemplo, pensemos que el país dice que no hay crímenes de mujeres que queden impunes. De hecho, el país no reconoció hasta 2019 la existencia de feminicidios; sin embargo, argumentaba que no había crímenes de mujeres que quedaran en impunidad. 

Vamos a pensar que sí, que le creemos, aunque vemos un aumento de las muertes accidentales en mujeres, sin más explicación en el Anuario del Ministerio de Salud, y eso es alarmante. Pero, digamos que es cierto, que no hay impunidad para los feminicidas, para los feminicidas infantiles.

Muchos de esos crímenes entonces podían haberse evitado, cuando esas mujeres pidieron ayuda a los operadores del derecho y no se la ofrecieron. Le dijeron: “Vuelvan a sus casas. Reconcíliense. No pasa nada. No hay refugios para ustedes”. Cuando cortaron sus redes de apoyo; imposibilitaron las denuncias públicas porque fueron sometidas bajo el Decreto 370 o cualquier otro tipo de manipulación para que no fueran públicas. Cuando permitieron la impunidad de depredadores sexuales y otros violentos. Cuando establecieron custodias compartidas de hijxs a hombres con antecedentes de violencia machista. Cuando trataron de ahogar los #MeToo. Cuando en los medios se habla poco o nada de estos temas. Cuando la línea que crearon para atender llamadas de auxilio de mujeres no funciona. Más allá de las presiones que una tiene dentro del ámbito familiar y con las que nace, que te dicen: “Aguanta. Te lo buscaste. Qué hiciste”, y toda la complicidad. 

Necesitaríamos operadores del derecho que sepan de lo que se está hablando, que logren dar ese salto; más las estructuras administrativas que permitan y faciliten poder tener esas garantías que el Código anuncia, pone dentro del terreno legal, pero aterrizado en leyes administrativas. 

El Código de 1975 permite el matrimonio infantil, en un país que tiene naturalizado el matrimonio infantil.

Todo esto, además, tiene que ir acompañado de un proceso de educación y de acompañamiento a toda la sociedad cubana, de que se legalice y ampare el activismo feminista, desde el autónomo hasta el que realizan organizaciones como Yo Sí Te Creo en Cuba, la revista Alas Tensas con su observatorio de feminicidios, la Red Femenina de Cuba, por citar algunas organizaciones hoy en la paralegalidad y en riesgo.

Pongo un ejemplo claro. Hay muchas mujeres en Cuba, madres solas, que han elegido ser madres solas antes que tener que aguantar —y lo estoy diciendo con el verbo correcto— toda la violencia de los progenitores de las criaturas, de quienes debían ser corresponsables, porque para recibir, qué sé yo, treinta pesos mensuales que no resuelven absolutamente nada, pues es preferible no establecer ese proceso civil engorroso, ahora muy caro, y desvincularse y dejarlos que se vayan, como si no tuvieran ninguna responsabilidad. 

Sin embargo, esto significa un empobrecimiento de esos hogares, con una recarga de esas mujeres, cuestiones de salud de esas mujeres que se ven postergadas; además de un costo brutal para la sociedad y también para el Estado, al no amparar estos hogares, que están en crecimiento en Cuba aunque nadie nos dé cifras. 

Pero una está en la calle, sabe lo que está pasando, está observando la realidad y sabe que hay un crecimiento de hogares monomarentales y una feminización de la pobreza galopante. Lo sé yo y lo sabe quien nos lee hoy. Solo hay que ser justxs y decirlo de una vez. 

Es muy difícil establecer un Código sin que haya legislaciones administrativas para poder hacerlo entre esos viejos reclamos relacionados con las familias y con las mujeres. Como esta ley contra la violencia machista, que hablamos desde 1995, y que estaría impactando directamente en las familias cubanas, por ser sobre todo las mujeres quienes soportamos esas dinámicas porque muchas de esas violencias están relacionadas con el ámbito doméstico, de pareja, expareja y con nuestrxs hijxs.

Seguiré peleando no solo al totalitarismo cubano, sino a quien pretenda gobernar Cuba en el futuro cada vez más cercano.

¿Crees que este nuevo Código de las Familias realmente brinda una protección a distintos sectores de la población cubana en cuanto a los derechos humanos? 

Yo creo que sí hay una protección a sectores de la población en cuanto a derechos humanos. O sea, sí estarían protegidos derechos humanos que no son postergables, no son negociables. No se puede esperar, en mi criterio, a que Cuba sea libre y todas esas cosas que de pronto argumenta una parte de la oposición política para garantizar a la gente. 

Tenemos que ir avanzando hacia la luz y esas son maneras también de empoderar a determinados grupos que hoy no pueden, no tienen ni siquiera la capacidad de protestar porque tienen una lucha más perentoria de supervivencia; ya no solo la que tenemos las personas en Cuba en general de alimentarnos, sino de sobrevivir a las violencias machistas, de buscar comida, de elaborarla, de la responsabilidad de cuidados no solo para con la infancia sino también para adultos mayores. Entonces, está duro que una, en medio de todo, eso pueda pensar y pueda proyectarse hacia otro lugar, si tiene estas urgencias potenciadas, transversalizadas, o como se diga, con otro montón de cosas. 

Mientras más marginadas estemos, pues será peor. Mientras menos redes de apoyo tengamos, será peor. 

Tú, además de mujer, eres madre de una niña pequeña. ¿Cuán incluida y representada se siente Marta María mujer, Marta María madre soltera, Marta María persona, dentro de este nuevo Código de las Familias? ¿Cuán protegidos o no están los derechos de tu hija, y por tanto ella, en el caso de aprobarse o rechazarse este texto?

Muchas de las cosas que están en este Código son peleas mías de hace muchos años, décadas en esa lucha, cuando aún pensaba que no sería mamá. Creo que mis derechos, los derechos de mi hija estarán un poco más protegidos, pero que dependerán de leyes administrativas que permitan hacer eso, que lo acoten y le den un marco legal para que pueda funcionar y podamos de verdad ser garantes de esos derechos. 

Desde antes de la Constitución está muy claro el posicionamiento neoliberal del Estado.

Ahora, en cualquier caso, la existencia del Código permite pelear. Me han dicho en debates que es un “lavado de cara del gobierno cubano” y yo también lo creo. Si fuera voluntad política el gobierno cubano habría redactado 25 decretos-leyes y tendríamos todo eso que hoy lleva a plebiscito sin que nadie nos hubiera escuchado, o el matrimonio igualitario habría quedado en el artículo 68 de la Constitución. No habría sido negociado, pese a que el propio Estado reconoce, en números posteriores a las consultas, que un ínfimo por ciento de quienes participamos estuvo en contra. No llegaba ni al 2% de unos 3 millones de personas. 

Ese Código tiene que ser actualizado. O sea, el Código de 1975 permite el matrimonio infantil. En un país, además, que tiene naturalizado el matrimonio infantil. Que es algo que a mí me gustaría que las personas que vayan a votar en contra, pensaran en estas cosas. 

Yo no quiero que mi hija sea casada con 14 años. Yo quiero darle la garantía de que nadie, bajo ningún concepto, esté yo o no esté, pueda hacer ese tipo de cosas. Quiero que tenga esas garantías, que pueda, además, decidir que si somos violentos, que si no respondemos a sus intereses, también pueda sentirse segura y emanciparse. 

Hay cosas que no logré en este Código, como la protección a las infancias trans o el derecho a una educación no politizada y de calidad, con metodologías actualizadas para el siglo XXI. Pero que seguiré peleando no solo al totalitarismo cubano, sino a quien pretenda gobernar Cuba en el futuro cada vez más cercano. 

La juventud, según ellos, sin nada que hacer y con hambre, es peligrosa.

La verdad es que yo estoy pensando ya en la sanación que necesito, necesitamos, en la reconstrucción. Hay que dejar de ser tan reactivas y ponernos para el futuro, desde hoy. 

Uno de los grupos más vulnerables en Cuba es el de la tercera edad. Hasta cierto punto, podría decirse que el Estado ha ido eliminando sus responsabilidades para con él, recargándolas, en gran medida, a los familiares. ¿Cómo quedan registrados y protegidos, o no, los derechos de este grupo social dentro del nuevo Código de las Familias?

El Estado se ha desentendido de todos los cuidados. Desde antes de la Constitución está muy claro su posicionamiento neoliberal. El aumento de la edad de jubilación es una medida, un espaldarazo neoliberal, aunque no le llaman así excepto unos pocos economistas y cientistas sociales. Pero es una medida totalmente neoliberal. 

Y una de las cosas que ha hecho es desentenderse de los cuidados, no solo de la tercera edad, sino también de las personas con discapacidad u otras capacidades de las infancias asociadas. Ha puesto el énfasis en que las familias seamos quienes nos encarguemos. Familias que ya sabemos que están fracturadas, en el exilio, que no pueden buscar dinero y encargarse de cuidar al mismo tiempo. Y si lo hacen, tiene un costo elevadísimo, con un agotamiento importante y con otras enfermedades concomitantes con toda esa sobrecarga. 

Y, fundamentalmente, todo esto recae sobre los hombros de mujeres jóvenes, de mediana edad —repito—, con un costo altísimo para la sociedad. Pero claro, al Estado cubano esto no le importa. Ya sabemos que no le importamos nada.

¿Cuándo hemos confiado en el decoro del totalitarismo cubano? ¿Cuándo ha necesitado poner algo en un papel para hacer lo que se le antoje?

Un aspecto de los más debatidos ha sido el de la responsabilidad parental contemplado en el artículo 6 del nuevo Código de las Familias. ¿Cuánto miedo y desconfianza crees que pueda generar la desaparición del término “patria potestad” del lenguaje legal? Asimismo, tampoco ayuda el hecho de que el texto no aclara quiénes serían las autoridades competentes que determinen la separación de madres y padres de sus hijos. Teniendo en cuenta que esto ha sido un método empleado por los órganos represivos en Cuba para coaccionar y chantajear a los opositores al Gobierno, ¿cuáles son las diferencias reales entre este nuevo Código y el anterior, que puedan ser determinantes para votar a favor o en contra en este sentido?

Sobre el tema de la patria potestad, yo comprendo los miedos de las personas. O sea, es difícil cambiar. Y ahora que lo sé con toda propiedad por ser madre, es mucho más fácil criar a los hijos en cadena de ordeno y mando: aquí se hace lo que digo, usted come esto a esta hora, usted se baña, se duerme, hace la siesta, usted va la escuela, hace lo que dicen los adultos. Eso facilita mucho la crianza; negociar es más difícil, siempre ha sido más difícil.

El Código no se va a meter dentro de tu casa a ver si tú eres una madre como yo o una madre tradicional. Como padres, van a seguir teniendo la libertad de decidir. Solo que sus hijxs, cuando salgan a la calle, van a saber que también hay otros modelos, les debe llegar por los medios de comunicación que hay otras maneras de criar y, probablemente, empiecen a tener otras exigencias y otras demandas. Es algo que ha pasado en el mundo entero y no por ello se ha fracturado la familia tradicional. 

Las fracturas de la familia han estado relacionadas con otras circunstancias: con que lxs hijxs tienen que irse a estudiar a otras ciudades, a otro lugar, en otras partes del mundo. Pero es que eso también pasó en Cuba. A muchos de nosotros nos mandaron a becas y a muy poca gente le importó, lo consideró un problema, y protestó sobre eso. 

El Estado cubano lo terminó cuando entendió, más allá de las protestas, que fueron bastante pocas; cuando yo creo que debieron haber sido protestas unánimes de las maternidades y paternidades cubanas por las condiciones en que se vivía en esas becas. Fueron protestas tímidas y no suficientes, y el Estado terminó las becas porque en ellas ocurrieron hechos lamentables y porque le fue difícil sostener económicamente ese sistema. 

El tema de los derechos humanos es un tema grave y el principal violador, en este caso, es el Estado cubano. 

Eso tuvo un propósito, que fue sacarnos en los años 90 para aliviarse un poco las ciudades, nos mal alimentaban en las becas y se evitaban problemas, porque la juventud, según ellos, sin nada que hacer y con hambre, es peligrosa.

El punto es que usted se hace garante de esa posibilidad o no. Lo que sí está claro es que, si usted maltrata a sus criaturas, pues ellas tendrán otras posibilidades, así como redes de apoyo.

El Estado cubano ya ha amenazado a todo el mundo con la patria potestad. De manera directa o indirecta, nos ha dicho: “Cuide a sus hijos”. “Nosotros sabemos que lo más importante que usted hace es cuidar a su hija, por eso la hemos dejado”. Y sí, me limitaron los interrogatorios, pero no me dejaban un día con conexión estable, me la cortaban cada vez que necesitaba hablar con alguien, fuera anunciado o no. En cualquier caso, no me dejaron tranquila. 

También ejercieron presiones sobre personas de la familia para entender si yo era una buena madre o no, según sus cuotas. Y lo han hecho con el resto de lxs activistas, lxs han amenazado con que si siguen haciendo lo que ellos no quieren que hagan, le quitarán a hijxs en la medida en que menos redes de apoyo logren tener. 

Son amenazas que van un poco más allá si las redes de apoyo cancanean, si nadie protesta, si la familia se pliega a los designios de los agentes del Estado. En cualquier caso, con la patria potestad lo han hecho. ¿Por qué no lo harían con la responsabilidad parental? ¿Cuándo hemos confiado en el decoro del totalitarismo cubano? ¿Cuándo ha necesitado poner algo en un papel para hacer lo que se le antoje?

Cuando sumas las personas LGTBIQ+, mujeres cisheterosexuales, mujeres madres, personas que gestan o quieren gestar, padres que quieren ser garantes de derechos con sus criaturas, abuelxs, y personas afrodescendientes, somos mayoría.

Simplemente se está cambiando el énfasis dentro de la educación de las criaturas y eso no está mal. No está mal actualizarse y una podrá seguir haciendo lo que considere en la crianza de sus hijxs, porque el Estado ahí no se ha metido. Si no, no hubiera infanticidios, feminicidios infantiles, ni maltrato infantil, porque cada chivato del barrio, cada presidente del CDR, cada jefa de la FMC habría intervenido en todos los temas de maltrato infantil que hay en Cuba, sin que sean denunciados ante ninguna instancia porque están naturalizados y porque ese no es el interés de los agentes del Estado. 

Insisto: ni nosotras ni lxs hijxs les importamos. Solo que están descubiertos ante el mundo y eso ha sido un trabajo del periodismo independiente y del activismo feminista y LGBTIQ+. 

En los últimos días, el Gobierno se ha empeñado en una campaña mediática, incluso en las redes sociales, para alentar a la población a votar a favor del Código de las Familias. Sin embargo, mientras esto sucede, organizaciones civiles como Alas Tensas o plataformas como YoSiTeCreo en Cuba han enfrentado campañas oficiales de descrédito por documentar y denunciar públicamente delitos domésticos, discriminatorios y de género. Según tus experiencias, ¿hasta dónde está dispuesto o no el Estado-Gobierno en Cuba a permitir iniciativas sociales independientes, aun cuando su fin sea justamente defender los derechos de grupos vulnerables y/o minoritarios?

Para mí es muy preocupante las últimas acciones del Estado cubano, que no es que sean nuevas, pero sí ha habido una arremetida contra la comunidad LGTBIQ+ y contra el periodismo independiente. Dos instancias, por decirlo de alguna manera, que han sido vitales para posicionar los temas del Código de las Familias y de derechos humanos relacionados con derechos de mujeres, con derechos de personas LGTBIQ+. 

El tema de los derechos humanos es un tema grave y el principal violador, en este caso, es el Estado cubano. El mismo que dice que garantizará derechos a nuestras familias, quita derechos a un grupo de nuestras familias de expresarnos, de hacer cabildeo político, de estar en los medios de comunicación independientes porque ni siquiera tenemos acceso a los medios de comunicación estatales, lo que sería algo justo y lógico. Muy pocos activistas no alineados con el discurso político han tenido acceso a esos medios para hablar de otras formas de familia que ya existen y que son sus familias.

El Gobierno es ultraconservador, si no, tendríamos un Código de las Familias hace mucho tiempo que respondiera a la realidad cubana.

El Estado cubano quiere la hegemonía. Pero no hace nada. Lo poco que hace lo hace mal, con sesgos patriarcales, coloniales, discriminatorios. Quien esté con la “Revolución” tiene garantías; quien no, no. La sociedad civil tiene el legítimo derecho de hacer el trabajo que mal hacen sus funcionarios, y nosotrxs como ciudadanía el de exigir al Estado que la deje existir en paz, con amparo legal. 

Pero habrá que pelear más. Los últimos días han sido más terribles para el periodismo independiente y el activismo LGBTQ+ en la Isla. Siento que vienen por las feministas. Todo dependerá de las voces de la ciudadanía cubana y de cada ser humano en el mundo, de derechas o izquierdas, de arriba o de abajo, que no quiera seguir siendo cómplice de esta cacería. 

El Código de las Familias concierne a toda la sociedad. Sin embargo, muchas veces da la impresión de que solo interesa a la comunidad LGTBIQ+ o a ciertos círculos religiosos. ¿Por qué crees que es así?

Yo creo que todo el debate ha sido redirigido ahí de manera intencional, de manera tal que pueda ser voluntad popular el resultado. 

Cuando el artículo 68 del proyecto de Constitución, lo que dicen las estadísticas oficiales, si mal no recuerdo, es que solo 1.78% de la sociedad cubana en los debates —de más de tres millones de personas que participaron—, dijo que no quería matrimonio igualitario. Eso es una minoría. Es un dato interesante. No obstante, no incluyeron el artículo 68 por voluntad política. 

Se nos dijo durante años que no se podía establecer una ley de matrimonio igualitario porque había que cambiar la Constitución. De pronto no se cambia y nos dicen que lo que hay que cambiar es el Código de las Familias.

¿Con quién negociaron? No lo sé. Estamos todos muy enfocados en las Iglesias fundamentalistas cristianas. Pero yo me pregunto, ¿dónde está la Iglesia católica?, por ejemplo, que no la escucho pronunciarse y que tiene una fuerza de diálogo con el gobierno cubano, que quizás esté ocurriendo de manera subterránea. Es una Iglesia que ha manifestado también su desacuerdo con el matrimonio igualitario. No todos sus representantes, obviamente; como no todas las Iglesias cristianas son tampoco fundamentalistas. 

Pero qué está pasando a esos niveles es una pregunta que el Estado cubano nunca ha querido responder. Sobre todo, cuando un papa como Francisco ha estado en las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos y manifiesta que es amigo del expresidente de Cuba. La iglesia católica se ha pronunciado como si hubiera leído mi respuesta a la entrevista. Ahí está expresada su voluntad nuevamente a través de la Conferencia de Obispos Católicos. Era de esperar. Habían demorado en hacerla pública. 

Ha sido una intención que han apoyado varios grupos. Desde el inicio estamos diciendo que los derechos humanos no se plebiscitan y que este tampoco es un Código para minorías. Porque, ¿de qué minorías hablan? No están cuantificadas las personas LGBTQ+, en ningún lugar existe un censo de personas LGTBIQ+. Pero cuando tú sumas las personas LGTBIQ+, más mujeres cisheterosexuales, más mujeres madres, más personas que gestan o quieren gestar, más padres que quieren ser garantes de derechos con sus criaturas, más abuelxs, más personas afrodescendientes, más personas con otras capacidades, somos mayoría. ¡Y abrumadora! 

Por eso creo que ha habido una intención de focalizar este tema ahí, como un parteaguas: el Estado quiso, pero el pueblo no quiso y ha sido una decisión del pueblo legítimo, en un plebiscito. 

Algún día lo sabremos. Todas estas cosas se saben. Los sistemas se caen y el régimen cubano está mucho más próximo a desaparecer. Ha tomado muy malas decisiones y sigue tomando malas decisiones. Y responderemos también todas estas preguntas que yo tengo sobre los cabildeos por debajo de la mesa. 

El totalitarismo es un Estado patriarcal en grado brutal. Son patriarcas gobernando como padres maltratadores.

Pero sí creo que ha habido una intención de enfrentar a la comunidad LGTBIQ+ con estos círculos religiosos fundamentalistas y que esto acapare el discurso y la agenda de los medios de comunicación, de las redes sociales, de manera tal que gane el No. Hay un avance en Cuba del fundamentalismo, que no solo es religioso. De hecho, el Gobierno es ultraconservador, si no, tendríamos un Código de las Familias hace mucho tiempo que respondiera a la realidad cubana ya con leyes administrativas.

Una de las frases más utilizadas en los últimos tiempos alrededor del plebiscito del Código de las Familias es “los derechos no se plebiscitan”. ¿Cuáles pudieran ser para ti los pros y los contras de esta frase?

En realidad, lo que no se plebiscitan son los derechos humanos, que es otra cosa. Es una obligación de los Estados, que los compromete a garantizar esos derechos, y Cuba ha firmado varios tratados. Tiene firmado garantía para los derechos de lxs niñxs, para derechos de mujeres. Hay otros que no. Pero esos sí los tiene y esos mismos ya garantizarían el Código que, perfectamente, podría legislar amparado en esos compromisos que no solo establece a nivel internacional, sino también con su ciudadanía. Pero la frase “los derechos no se plebiscitan” se refiere a otros derechos. 

En Cuba se ha planteado, en otros momentos, que por qué no se hace un plebiscito sobre la Revolución cubana. De hecho, creo que Fidel Castro hizo algo similar alrededor de los años 2000 cortos por el carácter irrevocable del socialismo para la Revolución, cuando en realidad le estaban pidiendo un plebiscito como el que se había realizado en Chile. Esa es una vieja demanda de la comunidad internacional que, claro, él lo convierte en otra cosa. Es un clásico de la manipulación política. 

Y esto es lo mismo. Un país que no puede votar por nada: no vota por su presidente, no vota directamente por la gente que está en la Asamblea Nacional ni Provincial, que no tiene ningún anclaje con el poder, que no tiene ningún representante de sus intereses dentro del Parlamento, que no puede cabildear políticamente a no ser en medios de comunicación independientes o en redes sociales, ve en este plebiscito la oportunidad de votar en contra del gobierno cubano cuando en realidad no solo está votando en contra del Gobierno. Aunque de la manera que yo lo veo, si vota a favor del Código estará votando en contra del gobierno cubano porque este Código es algo que hace mucho podía haber hecho. Incluso, haberlo hecho por decreto-ley, en un país que se gobierna por decretos-leyes. 

Los derechos sí se pueden plebiscitar. ¿Pero cuáles? Los que el Estado tiene que garantizar para que su ciudadanía viva en paz, esos no.

Yo quiero recordar que sobre ese artículo 68 que sale de la Constitución, a nosotrxs se nos dijo durante años que no se podía establecer una ley de matrimonio igualitario porque había que cambiar la Constitución. De pronto no se cambia y nos dicen que lo que hay que cambiar es el Código de las Familias. Son cosas importantes también para la memoria porque todos estos regímenes totalitarios se sustentan en la desmemoria, así que es importante refrescar algunas cosas. 

Entonces, los derechos sí se pueden plebiscitar. ¿Pero cuáles? Los que el Estado tiene que garantizar para que su ciudadanía viva en paz, esos no. No se plebiscita la libertad de expresión, no se plebiscita la libertad de prensa, no se plebiscitan los derechos a trabajo, a vida digna, al respeto de la integridad de una. Y, por tanto, no se plebiscitan los derechos humanos llamados de segunda, tercera, cuarta, quinta generación porque han ido actualizándose en la medida en que la humanidad ha ido hablando de determinados temas y demandándolos, pues definitivamente no hay unos por encima de otros, todos tienen la misma condición. Eso es un principio que todos los defensores de derechos humanos saben o deberían saber.

Muchas personas estiman que la sociedad cubana actual aún no está preparada para afrontar e implementar los cambios incluidos en este nuevo Código de las Familias. En la práctica, ¿cómo ves que podría desarrollarse desde lo micro y macrosocial?

No es la sociedad cubana la que no está preparada para estos temas. Es el Estado cubano el que no está listo con el andamiaje legal y administrativo que esto requiere. Llevamos rato pidiéndole al Estado cubano saber cómo traduciría administrativamente todo esto que está en el Código. ¿Cómo lo va a hacer efectivo? ¿Cómo yo voy a poder decirle a mi hija que cuando no esté conforme conmigo, con lo que yo esté haciendo,que ella puede emanciparse? ¿A dónde tiene que ir? ¿Dónde están los Tribunales de Familia o como quiera que sea que lo organicen? 

La gente en Cuba tiene temores que yo puedo incluso llegar a entender porque yo también tengo miedo de que a mí me quiten a mi hija.

Quien no está listo es el Estado cubano. Ha hecho esto por presiones internacionales que han venido del activismo feminista y del activismo LGTBIQ+. Hemos sido nosotrxs quienes hemos presionado y activado los mecanismos que tiene la comunidad internacional para poder ejercer presiones sobre el Estado cubano. Y es que el totalitarismo es un Estado patriarcal en grado brutal. Son patriarcas gobernando como padres maltratadores.

La gente en Cuba tiene temores que yo puedo incluso llegar a entender porque yo también tengo miedo de que a mí me quiten a mi hija. Y me han amenazado con eso, velada pero directamente. He estado en interrogatorios con mi hija, delante de agentes del Estado, intentando mantener una calma para que hija piense que no pasa nada, como si estuviera en La vida es bella, con el perdón por la comparación a todo el pueblo judío. 

Pero eso no significa que no quiera que mi hija esté mejor, esté empoderada y que sea capaz incluso de decirle al Estado que lo está haciendo mal. Y que al menos sea capaz de tomar decisiones y de decirlo si alguna vez eso sucediera, si intentaran quitármela. Eso es lo que quiero para ella, que pueda estar preparada para no vivir ningún tipo de discriminación de ninguna manera sin poder defenderse, sin poder alzar su voz, que tenga autonomía, que pueda decidir lo que quiera hacer sin lastimar a otra persona y poder acompañarla en sus libertades.


© Imagen de portada: Marta María Ramírez / Facebook.




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Nuestra propia historia

Oswaldo Payá

La realidad es que en Cuba se ha mantenido un orden de no derecho que ha instalado una cultura del miedo y que, al mismo tiempo, ha jugado con las circunstancias internacionales a su favor y en contra de la libertad de los cubanos.






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