Formalmente en México —como en casi todos los países—, hoy en día se puede ejercer el periodismo y contar con medios de comunicación (públicos, privados o comunitarios). No obstante, no siempre existen las garantías mínimas para su libre ejercicio. Como es sabido, este país destaca por ocupar los primeros lugares en asesinatos de periodistas en todo el mundo, cuyas cifras solo son comparables con países en situación de guerra como Iraq o Afganistán.
Antes de entrar en detalle, me gustaría plantear un breve panorama del estado de la cuestión en la región de América Latina, donde la constante ha sido la persecución y la censura de voces críticas a los diferentes regímenes de gobierno. Desde la represión en las dictaduras y los regímenes autoritarios, hasta la corrupción y la delincuencia organizada en esta región, han terminado por sofocar a las libertades de prensa y de expresión.
Infoamerica.org ha logrado documentar más de mil periodistas muertos y desaparecidos de forma violenta desde la década de 1970 y, pese a que se ha conseguido identificar a las víctimas y las posibles causas de la violencia, es preciso subrayar que los homicidios, las agresiones, la censura, la autocensura y el abandono no siempre fueron —y son— documentadas por ocurrir en momentos históricos de elevada represión, por lo que es de suponer que exista un subregistro de las víctimas asesinadas por ejercer sus derechos a informar y de opinión.
La persecución de voces críticas durante las dictaduras en Brasil, Uruguay, Chile o Argentina podría ser comparable en números con el conflicto armado en Colombia durante la década de 1990 y con lo que actualmente ocurre en Centroamérica y México. De acuerdo con Unesco-Infoamérica, en la década de 1970, en Argentina se registraron 115 periodistas asesinados; en Chile, 26; Brasil, 23; y Uruguay, 13. Según Bernardo Díaz Nosty, durante la década de 1980 Centroamérica destacó al registrar 100 periodistas muertos y desaparecidos, de los cuales 37 fueron víctimas de la guerra civil en El Salvador y 63 del conlicto armado en Guatemala, siendo la confrontación política y las luchas armadas las causas determinantes de los homicidios de periodistas.
En el caso mexicano, empiezan a acentuarse las agresiones a periodistas en entidades que hasta la fecha destacan por el mayor número de asesinatos registrados, como Veracruz o Tamaulipas. Sin embargo, es el homicidio de Manuel Buendía Téllez-Girón en 1984 el que trasciende hasta hasta nuestros días. Su notoriedad en la esfera política y el alcance nacional de sus productos periodísticos, particularmente su columna “Red Privada” —publicada en más de 40 diarios de todo el país—, revelaban la difusa barrera que separa a actores legales e ilegales.
Para 1990, los conflictos armados se mantienen como principales causas del hostigamiento a periodistas, pero la delincuencia organizada empieza por adquirir mayor relevancia como condición determinante de los asesinatos. Colombia despunta con 62 muertes; México, 35; Perú, 23; y Brasil y Guatemala con 20, respectivamente. Entrado el siglo xxi, en México se desencadena alarmantemente la violencia antiprensa, superando a Colombia (50 periodistas asesinados) con 69 homicidios y desaparecidos. No obstante, la década de 2010, aún más letal con 119 periodistas asesinados, ha rebasado los números registrados en los países bajo dictaduras en 1970.
Sin pasar inadvertidos los antecedentes y la relativa fiabilidad de indicadores estadísticos y métodos empleados en las distintas mediciones de democracia y calidad de la democracia a nivel global, México se ubica entre los países latinoamericanos peor evaluados. Por ejemplo, en el último informe de Freedom House (2020), obtuvo 61 puntos (61/100) en su evaluación global. Sus principales problemas son la corrupción, la falta de transparencia en las instituciones de gobierno y, por supuesto, los asesinatos de periodistas.
Según el organismo Reporteros Sin Fronteras (RSF), tan solo en 2020 fueron asesinados ocho periodistas, el doble de los registrados en Afganistán o Iraq (4, respectivamente), cinco más que en Honduras (3) y seis más que en Colombia (2); cifras que han mantenido una tendencia constante por más de diez años. Entre las causas se encuentran aquellas que tienen que ver con las condiciones individuales, tales como la precariedad laboral, factores de discriminación y exclusión (por lugar de residencia, por ingreso, por origen étnico, por género, etc.) que, aunadas a los contextos nacional y particularmente subnacionales, aumentan la situación de vulnerabilidad de las personas que ejercen el periodismo.
La corrupción, la impunidad, la ineficacia de la seguridad pública y los grandes cárteles de la delincuencia organizada son un caldo de cultivo para todo tipo de agresiones en contra de las y los comunicadores. Pese a que los hombres son principalmente los que engrosan las cifras de homicidios, es importante subrayar que las agresiones a mujeres periodistas han aumentado sustancialmente. El Programa de Libertad de Expresión y Género de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) ha documentado, desde 2002 a 2020, 898 agresiones contra mujeres periodistas, entre estas 19 casos de feminicidio.
La falta de garantías para ejercer libremente los derechos a comunicar y a estar informadas representan un círculo vicioso para las mujeres; en tanto que no todas conocen sus derechos ante la ausencia de información equitativa y con perspectiva de género, y la imperante ceguera de género en los contenidos de los medios de comunicación. Aunque la presencia de más mujeres en los espacios públicos no equivale a una mayor garantía de los derechos humanos de las mujeres, se ha hecho patente la necesidad de contar con más féminas en los puestos de dirección y de mayor jerarquía en los medios de comunicación.
La Plataforma de Acción Beijing —ratificada por México—, en su objetivo estratégico J1, plantea la necesidad de: “Aumentar el acceso de la mujer y su participación en la expresión de sus ideas y la adopción de decisiones en los medios de difusión y por conducto de ellos, así como en las nuevas tecnologías de comunicación”, para lo cual se requiere de una distribución equitativa de los puestos de dirección entre hombres y mujeres. Tan solo este punto en particular abre una línea de análisis y discusión del papel del Estado para el cumplimiento de este objetivo en particular, si consideramos el sistema de medios de comunicación mexicano, mayoritariamente gestionado por consorcios privados.
La desbordante complejidad del fenómeno de los asesinatos de periodistas disminuye bastante los pasos institucionales para frenar la violencia antiprensa. El Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas —política pública implementada por el Estado mexicano desde 2012, ante las recomendaciones internacionales— ha resultado insuficiente para atender la aparentemente imparable tendencia de homicidios de periodistas; cuyo origen se remonta al inicio de la “guerra contra el narco” —o guerra entre cárteles del narco— iniciada por el expresidente Felipe Calderón.
Organizaciones civiles señalan que este conflicto armado dejó un saldo de entre 60 000 y 70 000 muertos en el sexenio de 2006 a 2012. Desde 2006 a la fecha se cuentan más de 85 000 personas desaparecidas, según cifras oficiales. Como es de suponer, la mayoría de los casos de periodistas asesinados y agredidos en México no son la excepción entre las víctimas civiles; todos atraviesan el limbo informativo y de la impunidad. En el caso de las y los periodistas, la situación se acentúa cuando el homicidio alcanza a funcionarios públicos investigados periodísticamente por corrupción o nexos con la delincuencia organizada, entre otros delitos.
De tal suerte, más de 90% de los homicidios se mantiene impune. Más alarmante resultan aún las informaciones de las fiscalías o procuradurías de las entidades federativas que registran asesinatos y que se apresuran a descartar la relación de los asesinatos con el ejercicio del periodismo, pero sin aclarar la —otra— causa de los homicidios; mucho menos sin fincar responsabilidades penales.
Ante semejante situación, ¿cuál es el papel del Estado en las agresiones a periodistas?
Relación de periodistas asesinados durante el último período de gobierno.
Fuente: List of journalists and media workers killed in Mexico.
Estado cubano vs. Hamlet Lavastida: Necropolítica y profilaxis
A Hamlet Lavastida se le acusa de un delito que no ha cometido. Su caso pone en evidencia uno de los núcleos centrales de la obra del artista: la profilaxis. Esa pretendida herramienta educativa que ha acompañado a la Revolución desde 1959.
Bueno que Hypermedia visibilice las violaciones a DDHH que ocurren en toda la región, con independencia de su régimen político. Una recomendación para la autora: este libro de Andreas Schedler, que tiene el abordaje más sofisticado que conozco sobre el tema de la violencia criminal en una democracia frágil como la mexicana. Incluye, además, importantes gráficos y datos para pensar la naturaleza de la responsabilidad estatal, en ese y otros contextos https://www.cide.edu/blogs/editorial-cide/en-la-niebla-de-la-guerra-los-ciudadanos-ante-la-violencia-criminal-organizada/